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Así lo declaró ayer la Corte Suprema de Justicia al ordenarle a la Presidencia y a las autoridades nacionales, regionales y municipales, establecer una ruta concreta para garantizar su protección, ya que la deforestación, en esta región, aumentó un 44 % entre 2015 y 2016, al pasar de 56.952 a 70.074 hectáreas.
La Corte estableció, entonces, que el Estado no ha enfrentado de manera eficiente la deforestación, pese a todos los compromisos internacionales que ha suscrito y aunque en el país existe suficiente normatividad y jurisprudencia sobre el tema.
La decisión se dio al conceder la tutela de los derechos a gozar de un ambiente sano, vida y salud de un grupo de 25 niños, adolescentes y jóvenes, representados por el director del Centro de Estudios Dejusticia, César Rodríguez.
Entre las disposiciones que realizó la Sala de Casación Civil está que se debe construir un “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano, en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero”, el cual tendrá que contar con estrategias de ejecución nacional, regional y local, “de tipo preventivo, obligatorio, correctivo, y pedagógico, dirigidas a la adaptación del cambio climático”.
También ordenó a todos los municipios de la Amazonia realizar, en un plazo de cinco meses, la actualización y la implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial. Los cuales deberán contener un plan de acción de reducción de cero de la deforestación en su territorio, el cual abarcará estrategias medibles.
La providencia de la Corte señala también señala que las Corporaciones Autónomas regionales, CAR, no cumplen sus funciones de evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales, ni de sancionar la violación de normas. “La deforestación ocurre en lugares bajo la tutela de Parques Nacionales y departamentos como Amazonas, Caquetá, Guaviare y Putumayo también incumplen las funciones de protección ambiental”.
La Corte determinó el nexo causal entre la afectación de los derechos fundamentales de los accionantes de la tutela, y en general, de los ciudadanos colombianos, con los efectos del cambio climático generado por la reducción progresiva de la cobertura forestal, causada por la expansión de la frontera agrícola, los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la tala indiscriminada.
“Los reseñados factores generan directamente la deforestación, provocando un perjuicio inminente... tanto para las generaciones presentes como las futuras, pues desboca la emisión de dióxido de carbono produciendo el efecto invernadero”, dijo la Corte.
Es importante anotar que el Gobierno del presidente Santos creó la estrategia denominada Visión Amazónica a través de la cual busca mitigar el impacto de la tala masiva y de las quemas de bosque en esta región. En este programa hay recursos por 95 millones de dólares para realizar, entre otros, proyectos productivos que reduzcan la frontera agrícola.
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